procedimiento administrativo

Novedades en el procedimiento administrativo común. Ley 39/2015.

El día 2 de octubre han entrado en vigor dos leyes de relevancia en el ámbito administrativo: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas dos leyes derogan la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

La primera, La ley 39/2015, regula el procedimiento administrativo e integra las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. La segunda, la Ley 40/2015 comprende el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

Novedades introducidas en el procedimiento administrativo por la Ley 39/2015procedimiento administrativo

  • Reconoce capacidad de obrar en el ámbito del Derecho Administrativo a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.
  • En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento «apud acta», presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.
  • Una de las novedades más importantes de la Ley es la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una y otra, de modo que con carácter general solo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. Se establece, con carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y forma a utilizar por todas las Administraciones. En particular, se admiten como sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica, los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico, así como cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Se admiten como sistemas de identificación, cualquiera de los sistemas de firma admitidos, así como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las Administraciones Públicas.
  • Todas las Administraciones Públicas deben contar con un registro electrónico general, o en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de oficinas de registros en materia de registros que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso de que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán en formato electrónico.
  • En materia de archivos, se introduce como novedad la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permitan garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.
  • Especial relevancia la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y en el administrativo.
  • Mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones electrónicas que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de entrada.
  • Otra novedad es la introducción de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. El plazo máximo de resolución será de 30 días.
  • Respecto a la revisión de los actos administrativos, se mantiene las mismas vías con la novedad de que cuando una Administración deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
  • De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que suponían una carga para los administrados, la nueva Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica demostrada.
  • Se incluyen novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca la necesidad de recabar con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas.

Conclusión

Esta Ley 39/2015, de 1 de octubre  se erige como la ley administrativa de referencia con una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados, terminando con la dispersión normativa existente. Queda reunido en un mismo cuerpo legal toda las normas que regulan las relaciones de la Administración y los ciudadanos. Supone un gran avance y la adaptación de las Administraciones a la realidad social del momento donde imperan  las nuevas tecnologías permitiendo que la tramitación electrónica constituya la actuación habitual de las administraciones con la finalidad de obtener agilidad, eficacia y eficiencia del procedimiento administrativo en beneficio de los administrados, además de reforzar las garantías de los interesados. Bienvenida !!

Regulación legal

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

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